BOL-33: Desastre: más de 20 años de inundaciones
Roxana Escobar N. y Carmela Delgado Q. Diario El Deber - Santa Cruz febrero 2007
Hasta ahora sólo se ejecutan medidas de emergencias
Las instituciones empiezan a contemplar planes que permitan frenar la deforestación y los asentamientos humanos en lugares prohibidos. Sin embargo, sólo se podrán ver resultados a largo plazo
Desastres: más de 20 años de inundaciones
Nuevas tragedias por los mismos problemas de siempre. Las inundaciones que están azotando al departamento de Santa Cruz y otras regiones del país se han convertido en algo habitual, en esta época del año. Desde hace más de dos décadas se vienen repitiendo desastres, que, de acuerdo a los registros, repercuten en zonas que resultan afectadas en esta temporada.
Hasta el momento, según las autoridades, las medidas que se vienen encarando siguen siendo de emergencia y se ha dejado de lado políticas para mitigar las consecuencias dramáticas que se presentan a causa de fenómenos naturales, como El Niño, que ahora tiene a más de 70.000 familias sin techo en todo el país, más de 35 fallecidos y carreteras cortadas a causa de los derrumbes.
La capital cruceña sufrió la primera riada fuerte del río Piraí en 1983. Los barrios de ese sector quedaron anegados y al menos unas seis mil personas fueron cobijadas en albergues. A raíz de esta emergencia se levantaron diques de contención en las riberas y se prohibió el asentamiento cercano al río, pero el problema de las inundaciones continúa.
El departamento del Beni, donde actualmente hay alrededor de 14 mil familias afectadas, en 1982 sufrió una riada en la que se perdió más de 200.000 cabezas de ganado.
Estos hechos obligan al Gobierno Nacional a declarar, cada año, emergencias para asistir de forma temporal a los afectados y pedir ayuda internacional.
Wilber Soliz, alcalde del municipio de El Torno, localidad que durante dos años consecutivos ha sido afectada con inundaciones, reconoció que los desastres son producto de la extracción de áridos, explotación de madera, el chaqueo indiscriminado y los asentamientos en las riberas de los ríos, por lo tanto estos temas ameritan una atención especial.
A esto se suma el drama de las carreteras, que fueron diseñadas para transportes que recorrían las rutas en la década del 50, con puentes con capacidad de hasta 30 toneladas de peso. Sin embargo, ahora transitan camiones de más de 60 toneladas. ³Éstos producen derrumbes que provocan los rebalses de agua y afectan a la población², explicó.
Genaro Carreño, alcalde de Cuatro Cañadas, indicó que cada año sufren con los desbordes del Río Grande, porque hay zonas donde el cauce de las aguas cambia de ruta constantemente.
Al respecto, Alcides Vargas Vega, del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que además está al frente del Programa de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (Dripad), dijo que es necesario atacar las causas para solucionar los efectos que producen las riadas.
Vargas, remarcó que existen normas que prohíben acciones que vayan en contra del deterioro del medio ambiente, no obstante, hasta ahora nadie las ha hecho cumplir, incluyendo los gobiernos a escala nacional, departamental y municipal. "Ni siquiera se ha normado concretamente la extracción de áridos, no podemos seguir en esta situación, donde hasta en playas se cultivan", enfatizó.
Reconoció que es necesario realizar un plan de asentamientos humanos y de cultivos, donde se respeten las leyes vigentes.
Ante los desastres que están sucediendo, surgen algunos planteamientos para comenzar a aplicar políticas gubernamentales, departamentales y municipales que pongan freno a esta situación. Esto demandará varios años obtener resultados palpables.
La primera acción de la Prefectura pasará por crear una Unidad de Riesgo Permanente para prevenir estos desastres, y en caso de que se presenten, se pueda atender de forma inmediata.
La planificación establece un plan integral, que contempla intervenciones en la cuenca alta, media y baja del Rió Grande y del Piraí. Además de los otros ríos que cruzan el departamento. El año pasado el Gobierno Departamental, a través de una resolución, prohibió el asentamiento a 200 metros del río, pero esto no se cumple.
Para tener una mejor coordinación, se tiene previsto conformar el COED provincial y municipal, que también permita trabajar en planes sostenibles, como la reforestación, reubicación de comunidades y reorientación de las zonas de cultivos.
Sin embargo, por el momento todavía están concentrados en atender la emergencia, y el trabajo preventivo funcionará a mediados de año y los resultados se verán a largo plazo. "Es un trabajo que demanda tiempo, no es que empezamos la reforestación y al próximo año ya no hayan inundaciones, por eso es importante iniciar el proceso", aseveró Vargas.
A su vez, Marco Antonio Rodríguez, director de Defensa Civil, coincidió que es momento de asumir responsabilidades para no tener que atender emergencias cada año.
Destacó que en este problema interfieren dos factores, uno de orden natural y otro social. El primero contempla al fenómeno de El Niño, y el segundo tiene que ver con el que hacer del hombre, que implica avasallamientos, como el caso de San Julián donde habían cultivos en plena playa.
El director departamental del Instituto de Reforma Agraria (INRA), Dionisio Rivas, reconoció que su institución tiene parte de la responsabilidad en la dotación de tierras. En las normas legales contemplan las servidumbres y cinturones ecológicos que han sido respetados, al igual que los cinturones de protección que deben tener los ríos primarios y secundarios.
Asimismo, el superintendente forestal, José Martínez, considera que el problema surge por la ausencia de políticas agrarias adecuadas. "El origen y los efectos son causados por el hombre". EL director del Searpi, Walter Noé Angus, cree que los asentamientos humanos en zonas cercanas a los ríos debilitaron la vegetación que sirve como defensivo natural.
Crecidas terminan en emergencias
Las crecidas de las aguas del Piraí y del Río Grande obligan a mantener la alerta roja en el departamento y movilizan a las comunidades que están asentadas en los alrededores.
Las subidas se dan cada año en esta temporada de lluvia y siempre terminan en declaratorias de emergencias.
Actualmente, las inclemencias del tiempo han dañado más de 1.500 kilómetros de caminos prefecturales y municipales, lo cual, según el Servicio Prefectural de Camino (Sepcam), demandará unos $us 20 millones para reacondicionarlos. Las carreteras de todo el país son interrumpidas a menudo y corta el paso de vehículos.
Sin embargo, de acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en lo que va del año, las precipitaciones han sido menor a las registradas en 2006, pero se han presentado de forma persistente, situación que ha provocado desbordes de los ríos.
Por otro lado, las mediciones del Servicio de Encauzamiento y Regulación de las Aguas del Río Piraí (Searpi) muestran que las crecidas que han provocado mayor desastre en el país y en el departamento, se han presentado en las gestiones 1983, 1992, 2006 y 2007.
El 31 de enero de 1983, el nivel de las aguas alcanzó un nivel de 62,9 milímetros, es decir 1.230 metros cúbicos por segundo. El 18 de marzo de este mismo año llegó a 142,6 milímetros, que es igual a 2.860 metros cúbicos por segundo.
El 11 de febrero de 1992, el nivel de las aguas del Piraí llegó a 96,6 milímetros. En esta gestión también se registraron desastres en varias zonas del país.
De acuerdo con los reportes, enero, febrero y marzo son los más críticos y donde se presentan la mayor cantidad de precipitaciones. Sin embargo, el año pasado, de forma excepcional el 6 de noviembre, la medición del nivel de las aguas registró 83,5 milímetros.
En lo que va de esta gestión, el 30 de enero llegó a 63,9 mm, el 6 de febrero alcanzó a 77,2 mm y el 5 de febrero a 50,9 mm. Estos datos demuestran que en la actualidad los niveles han descendido. Por otra parte, queda pendiente el tema de salud, ante el brote de enfermedades.
Las riadas
1983. Afectados. El 31 de enero de ese año el río Piraí inundó las calles
de la ciudad y cortó la carretera antigua a Cochabamba. Las comisión técnica de la Dirección Departamental del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios contabilizó 128 familias damnificadas en las regiones de Jorochito, Porongo, Guaracal, Santa Rosario, Palmira, Tiquipaya y La Planchada. 37 viviendas destruidas y más de 16.000 hectáreas de cultivos dañados.
Se destinaron 980 millones de pesos bolivianos para construir canales y diques en el río Piraí. La Cámara de Diputados declaró desastre nacional para los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.
1992. Afectados. Desde febrero se registraron riadas de los ríos Grande y Piraí. Entre las comunidades afectadas, en el norte cruceño, estaban Chané Magallanes, Chané Independencia y Montero; la ruta antigua al interior del país quedó cortada por derrumbes.
Los desbordes arrasaron cultivos, ganado, viviendas y hundió camiones, poniendo en riesgo la vida de más de una decena de personas atrapadas en medio de los turbiones. Se rompieron también algunos defensivos.
Ese año se reportaron más de 500 familias aisladas y más de 2.000 evacuadas.
Se declaró zona de desastre nacional por las inundaciones.
2006.Afectados. A fines de enero se reportaron desastres que afectaron a localidades de la antigua ruta a Cochabamba, como Jorochito. Searpi decretó alerta roja por las crecidas de las aguas.
El viernes 27 de enero el presidente, Evo Morales, decretó emergencia nacional. Los departamentos más afectados fueron La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz. Alrededor de 34.000 familias fueron afectadas en todo el territorio nacional.
En Santa Cruz se albergaron 15.100 personas en 200 carpas de Defensa Civil.
Los municipios más glopeados fueron San Julián, Cuatro Cañada, El Puente, Pailón y Okinawa. Hubo pérdidas millonarias.
2007. Afectados. De acuerdo a cifras oficiales de la Prefectura, hasta la fecha se han entregado 500 toneladas de alimentos para 17.092 familias (85 mil damnificados) de 350 comunidades.
Funciones que cumplen las cuencas hidrográficas
Definición. Las cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales; sus límites quedan establecidos por la divisoria geográfica principal de las aguas de las precipitaciones.
Protección. Los bosques en las cabeceras de las cuencas cubren una importante función reguladora, ya que controlan la cantidad y temporalidad del flujo del agua, y protegen a los suelos de ser erosionados por el agua con la consecuente sedimentación y degradación de los ríos, y la pérdida de fertilidad en las laderas.
Componentes. Dentro de las cuencas se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales y socioeconómicos. Cada uno de ellos se debe manejar adecuadamente para evitar desastres.
Las nacientes de agua o microcuencas del río Piraí, que permanecieron mucho tiempo dormidas, ahora azotan con fuerza las poblaciones rurales. El Torno es uno de los que tiene más quebradas
Las quebradas han despertado con furia
En el municipio de El Torno, uno de los más golpeados por el fenómeno de El Niño del departamento de Santa Cruz, las quebradas se han vuelto una amenaza constante, provocando la pérdida de vidas humanas y afectando alrededor de
15 mil familias.
Toribio Coronado es el nombre de uno de los niños que perdió la vida cuando intentaba salvar sus pertenencias, luego de que una loma se deslizara encima de su precaria vivienda en la población rural Rancho Nuevo, ubicada entre El Torno y el puente de Tarumá. Hasta ahora los ríos Grande, Piraí y Yapacaní habían sembrado miedo y luto en los cruceños. Sin embargo, las quebradas que, aparentemente, parecían inofensivas y que habían permanecido dormidas durante años, despertaron sorpresivamente con furia golpeando todo lo que encuentran a su paso. Ése es el caso de las quebradas Álvarez, El Horno, Espejo, Cafetal, El Salao, Elvira, Palmira, Tiquipaya y San Carlos. Han tumbado casas y caminos, y muchas poblaciones campesinas están en riesgo de desaparecer en caso de continuar las lluvias.
Para Juan Gutiérrez, responsable de la cuenca del Piraí, dependiente del Servicio de Encauzamiento y Regulación del río Piraí (Searpi), ésa es una de las cuencas que tiene mucha presión antrópica. Es decir, que su área de influencia se encuentra intervenida por el hombre. Esto, sumado a la estructura y textura de sus suelos frágiles, especialmente en la parte media, ya que carece de material rocoso, ha provocado un desequilibrio biofísico, dañando su función hidrológica, ecológica, ambiental y socioeconómica. ³Ahora es al revés. No hay que preocuparse tanto del río, sino de las quebradas. El principal problema son las microcuencas que tiene el Piraí², dijo Gutiérrez. Prueba de su preocupación es que en sólo ocho kilómetros se han deslizado 47 cerros pequeños, dejando aislada la comunidad de Rancho Nuevo. ³Se ha modificado todo el comportamiento físico y eso no volverá a su forma original, y si se quiere restablecerla costará mucha plata², advirtió el experto. Similar es la situación de las quebradas antes mencionadas.
Entre el periodo de 1950 y 1980, el uso potencial del suelo no se encontraba intervenido. Pero, desde 1980 hasta el 2000, el masivo desplazamiento de gente del interior del país a Santa Cruz provocó varios asentamientos humanos y la destrucción de la cubierta forestal de protección, modificando así el uso del suelo. De acuerdo con la evaluación técnica de la cuenca del Piraí, realizada por el Searpi en noviembre 2006, ésta presenta deforestación, falta de planificación en los asentamientos humanos, sobre todo, en terrenos susceptibles a inundaciones, erosiones y deslizamientos, mala práctica de uso de suelo, deficiente planificación de caminos, modificación de las redes de drenaje y explotación selectiva de agregados del lecho del río.
El director del Searpi, Wálter Noé Angus, reconoce que las quebradas se han convertido en un peligro. Asegura que después del aluvión de 1983, se trabajó en el área de prevención de la cuenca del Piraí y por eso no se han presentado problemas en la ciudad capital. Sin embargo, la deforestación y los asentamientos clandestinos de comunitarios en las nacientes de agua contribuyen a agudizar los efectos negativos. ³Los campesinos cultivan productos en las laderas de las lomas y quebradas², dijo. No obstante, admite que en la cuenca media (La Angostura La Guardia) no se encararon trabajos a largo plazo para evitar desastres futuros. A diferencia de la cuenca media, la alta (Samaipata-Bermejo) no le preocupa. Asegura que ahí no existen problemas, puesto que el río está definido y encajonado. Allí, en su criterio, la Administradora Boliviana de Caminos debe estabilizar los aluviones y cerros que se deslizan en mazamorra y obstruyen la carretera. El mismo panorama del Piraí se repite en la cuenca del Río Grande, donde la gente ha poblado y tiene sembradíos hasta en las riberas, modificando el cauce del río, que ha registrado varias crecidas extraordinarias. No por nada Santa Cruz concentra el 75% de desmonte mecanizado a escala nacional, de un total de 275.128 y 281.283 hectáreas en los años 2004 y 2005, respectivamente. Así lo revela el libro que acaba de publicar la Superintendencia Forestal denominado Avance de la deforestación mecanizada en Bolivia. El ejecutivo de dicha entidad, José Martínez, centró su crítica en el proyecto Tierras Bajas del Este, que permitió expandir la frontera agrícola, eliminando la zona boscosa o vegetal, que cumple una función climática, principalmente, de regulación de lluvia y eólica. A raíz de dicho proyecto entraron en vigencia las leyes Ambiental y Forestal en 1996 y 1997, y el Plan de Uso de Suelo (PLUS), con la finalidad de mitigar el impacto ambiental, pero nadie las cumple.
Habrá precipitaciones hasta marzo
Según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones continuarán hasta mediados de marzo. Sin embargo, bajarán de intensidad por el cambio estacional que se está registrando. El ingreso del frente frío del anterior fin de semana se convierte en una muestra clara de que ya está llegando el otoño. Félix Trujillo, jefe de la Unidad de Pronósticos, explicó que la tendencia es que la intensidad de las lluvias esté en descenso, porque los patrones de circulación han ido cambiando a tal punto que las temperaturas del altiplano están bajando. ³Nos estamos basando en el comportamiento de los vientos, que nos muestran que estamos entrando a un patrón más de otoño que de verano.
Esto no quiere decir que haya la posibilidad de que se presenten fenómenos aislados², advirtió. Los valles de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija continuarán afectados con precipitaciones, pero se puede decir, según el Senamhi, que lo más grave ya pasó. Se esperan lluvias para este fin de semana en las zonas de Beni y Santa Cruz, que actualmente están afectadas por las inundaciones.
Autoridades coinciden en que se requiere urgente una política de cuencas, que permita tratarlas de manera integral. Sólo para encarar trabajos en los ríos Grande y Piraí se precisan $us 105 millones.
Falta una política regional de cuencas para controlar crecidas
Autoridades y técnicos coinciden en que se precisa un plan coordinado de manejo integral de las cuencas a escala departamental, porque las normas que se han emitido con este objetivo, no se han hecho cumplir. ³Urge implementar un manejo completo de los recursos, especialmente en las nacientes de los cuerpos de agua y zonas montañosas, donde se originan los ríos, pero manteniendo el principio del uso potencial de los suelos², aseguró el responsable de la cuenca del río Piraí, Juan Gutiérrez.
También considera que los municipios deben crear los mecanismos de control y fiscalización de la explotación de los recursos naturales. Además, planificar los asentamientos humanos, controlar el chaqueo, el uso del suelo y del agua. Asimismo, la Superintendencia Forestal regular y fiscalizar el aprovechamiento de los bosques. Sólo para encarar trabajos preventivos en los ríos Grande y Piraí se precisan $us 105 millones. Hay que construir diques longitudinales en el río Piraí en el tramo del norte integrado. En este sector el río tiene apenas 30 metros de ancho y por eso rebalsa. El problema radica en que el área que era cubierta por el desborde, ahora tiene densidad poblacional y cultivos, entonces las inundaciones se hacen más notorias. Sin embargo, los comunitarios se oponen y no quieren ceder más de 100 metros y el río necesita por lo menos un kilómetro para el rebalse de sus aguas. Los recursos que asigna la Prefectura para mantenimiento no son suficientes, dijo el director del Searpi, Wálter Noé Angus. ³Los municipios no participaban y creo que era porque no le entendían al tema, pero ahora saben que tienen que poner su contraparte², puntualizó. Según Noé, el municipio cruceño es uno de los que menos aporta, aunque después de una reunión con autoridades locales y nacionales, comprometió dar su contraparte.
Dijo que si bien no hay problemas en la ciudad, se requiere, además de encarar trabajos, para prevenir inundaciones, consolidar el encauzamiento de los ríos y ejecutar medidas estructurales para el buen manejo de los recursos naturales por parte de las poblaciones asentadas en las laderas, tal como se lo hizo con las comunidades ubicadas en la cuenca alta del Piraí. ³Tenían que pasar estas cosas para que los municipios reaccionen y la gente no se asiente en lugares no aptos. Ahora nos damos cuenta de que a la naturaleza hay que cuidarla², dijo.
Alcides Vargas y Dionisio Rivas, del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental y del INRA, respectivamente, creen que debe existir un mecanismo de coordinación interinstitucional que permita definir la participación de las entidades públicas y privadas, para no duplicar esfuerzos ni recursos en función a sus roles. Para el ejecutivo de la Superintendencia Forestal, José Martínez, la solución pasa por cambiar la visión de país en cuanto al régimen agrario, y atacar aspectos como la inseguridad en la tenencia de tierra, la ventaja comparativa económica de las actividades agropecuarias, la deficiencia en el control y fiscalización de la deforestación, inestabilidad política y debilidad institucional y el incumplimiento de las leyes y decretos en el ámbito del uso de la tierra.
³Estamos usando terrenos fértiles con cultivos poco exigentes y se está comprometiendo el bosque², precisó. Cree que se debe pasar de país minero y petrolero a uno forestal.
Cuenca del Piraí
alta
Comprende desde Samaipata hasta la Angostura. Tiene una pendiente de 1,4% y una superficie de 1.404 kilómetros cuadrados. Zona que produe mucho lodo
media
De La Angotura a La Guardia, y su pendiente varía entre 1,2% y 0,3%. Su superficie es de 918 Km2. Es productor. También produce lodo y éste se desliza
baja
Desde La Guardia hasta desembocadura del río Yapacaní, tiene una pendiente promedio de 0,3% y una superficie de 11.414 Km2. Es depositario del lodo.
Las normativas que no se cumplen
Decreto supremo número 28389/2005, en la gestión del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, declara de interés y prioridad nacional la definición de una política integral de las cuencas hidrográficas. También determina realizar estudios, conformar comisiones, comité técnico e instancia ejecutora.
Decreto departamental número 002/2006, del prefecto Rubén Costas, declara prioridad departamental el manejo de la cuenca del Río Grande, desde su ingreso al territorio departamental en el límite con los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca hasta su confluencia con el río Ichilo.
El Plan de Uso de Suelo, aprobado el 21 de septiembre de 1995, y elevado a rango de Ley 2553, establece dentro de sus reglas y recomendaciones de uso, una franja de bosque de protección de 1.000 metros de ancho en ambas márgenes del Río Grande y otros 4.000 metros en ambos lados de uso agropecuario limitado.
El artículo 32 de la Ley 1333 de 1992 de la Ley de Medio Ambiente, establece que es deber del Estado y de la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales. En el artículo 37 determina que constituye prioridad nacional la planificación, protección y conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y control de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas.
La Ley 1700 de 1996, establece que para el proceso de conversión de tierras para agricultura, ganadería u otros usos, se debe cumplir con las limitaciones legales y regulaciones sobre la materia. Además del reglamento especial de desmonte y quemas controladas.
El desmonte se define como el corte y desalojo de la vegetación arbustiva y arbórea, realizado en forma mecanizada o manual. Las tierras sujetas a autorización para desmontes son aquellas que se encuentran definidas en el artículos 16 de la Ley Forestal.
